El llamado ‘caso de los ataúdes’ es probablemente el mayor escándalo que se ha producido en torno al mundo de las funerarias en España. Estalló en Valladolid hace siete años cuando se produjeron las primeras detenciones después de descubrirse una trama de ‘reciclados’ de féretros supuestamente destinados a la incineración. Este lunes, 2 de marzo, arranca el juicio con 23 acusados de la Funeraria Castellana, entre los que están el propietario y empleados. Además, pasarán 239 testigos y 17 peritos desfilarán a lo largo de 34 sesiones, hasta el 9 de junio, en un proceso en el que las penas de cárcel que se suman alcanzan los 200 años.
La trama era, aparentemente, sencilla en su ejecución: se trataba de sustituir los ataúdes de lujo que habían comprado los parientes del finado por otros de mucha más baja calidad antes de proceder a la incineración. Esos féretros no quemados, unos 6.000 según los investigadores, volvían luego a ofrecerse a otros clientes, con el consiguiente beneficio económico, que la Fiscalía estima en unos 4 millones de euros. Esta forma de actuar se realizó, con diferentes niveles de intensidad, durante 20 años (1995-2015). Los investigadores estima que el 73% del total de los féretros que hubieran debido incinerarse en ese periodo fueron ‘reciclados’ mediante este procedimiento fraudulento. También ilegal, puesto que la legislación prohíbe la reutilización de ataúdes.
Una compleja trama
Aunque la mecánica parece fácil, requería de una compleja trama añadida. Para empezar, una empresa, en este caso Fabricados Senovilla, debía proporcionar los féretros económicos, ‘ataúdes semielaborados’ que se usarían para la incineración real. Los investigadores creen, además que proporcionaba las facturas necesarias para que la contabilidad de los Morchón, la familia acusada del fraude cuadrara.
También hacía falta la complicidad de los trabajadores de la funeraria, que no solo debían realizar las labores de canje, sino también, en ocasiones, engañar a los familiares simulando una incineración que no era real. Según explica el auto de la jueza de instrucción, en estos casos, los empleados “introducían el féretro y accionaban los ventiladores, que generaban mucho ruido, sin activar la combustión, lo que inducía a los familiares a creer que el proceso se había iniciado y se despedían”.
Esto ocurría en el cementerio del tanatorio, desde donde eran trasladados los ataúdes hasta el cementerio propiedad de la empresa en Santovenia de Pisuerga, donde se hacía el cambio y se procedía a la incineración. Entre los acusados figuraban 19 empleados de la Funeraria Castellana.
La investigación ha desvelado también que en algunos casos se renunciaba a esta operativa de sustitución y sus motivos. Por ejemplo, si el ataúd original era de baja calidad, si estaba manchado, con restos orgánicos, o dañado, si el cadáver era muy pesado y resultaba difícil moverlo o si el finado padecía alguna enfermedad infecciosa. La investigación encontró numerosas fotos que acreditaban el irrespetuoso trato que se daba a los cadáveres durante el proceso de sustitución.
20 años de cárcel para los propietarios
Por estos hechos, la acusación pública imputa a Rosario Vaquero y a sus hijos, Ignacio, Rosa y Laura, delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa, falsedad documental, blanqueo de capital y un delito continuado contra el respeto a los difuntos. Todo esto conlleva una petición de 20 años de cárcel para cada uno de ellos.
El fundador de la empresa familiar, Ignacio Morchón Alonso, marido de Rosario, era el presunto cabecilla de la trama, pero no será juzgado porque falleció hace dos años y medio.
