Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció este jueves que el Consejo de Estado acaba de emitir un informe favorable a la idea del Ejecutivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución, por lo que ha asegurado que promoverán este cambio porque la ley actual “no cumple” en su integridad al derivarse a clínicas privadas.
En el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE en Castilla y León, que tuvo lugar en Burgos, Sánchez ironizó con que la derecha y la ultraderecha le acusarán una vez más de usar este tema como “cortina de humo”, pero ha atribuido a la “casualidad” que el informe del Consejo de Estado llegase el mismo jueves. El presidente llamó a frenar los “atropellos e involuciones” que intentaron PP y Vox en su gobierno de coalición de Castilla y León, con referencias protocolo antiaborto, los recortes al diálogo social y la relajación del saneamiento ganadero que intentaron y que fueron recurridos desde el Gobierno central.
En Burgos, Sánchez recordó que, en la legislatura anterior, con el gobierno de colación formado por PP y Vox, con Alfonso Fernández Mañueco de presidente y Juan García-Gallardo de vicepresidente, intentaron poner en marcha medidas como hacer escuchar el latido fetal a las mujeres embarazadas que quería abortar. Añadió que fue el Gobierno de España, como “dique de contención”, el que paró esa medida con su oposición frontal y el anuncio de un recurso, pero ha añadido que otro día se encontró con la intención del PP y Vox de “acabar con el diálogo social” en la comunidad.
En este sentido, el mandatario socialista recordó que hablo con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quién elogió como “una de las mejores ministras de Trabajo” que ha tenido España y también con los sindicatos y la patronal, para “frenarlo” y defender un diálogo social que beneficia a las empresas y a los trabajadores.
Bruselas, contra un fondo solidario para el aborto seguro
La Unión Europea no tiene competencias para garantizar por ley el acceso libre al aborto en toda la UE, porque es una competencia nacional, pero sí puede facilitar y financiar el tratamiento de mujeres que tienen que desplazarse a otro país para poder abortar. Son más de 20 millones de mujeres europeas las que no tiene acceso pleno, gratuito y seguro al aborto en la UE por las barreras legales de sus respectivos países.
De ahí viene la iniciativa ciudadana My Voice, my Choice, impulsada por más de 300 organizaciones feministas de toda la Unión, que ha pedido a la Comisión crear un fondo de solidaridad para costear el tratamiento médico de las mujeres que tienen que viajar a otros países para interrumpir su embarazo.
La iniciativa, que ha recabado, más de un millón de firmas en toda la Unión y que en diciembre obtuvo el respaldo de la Eurocámara, pide al ejecutivo comunitario ofrecer acceso a una interrupción segura del embarazo a cualquier mujer que no pueda hacerlo en el país donde reside por estar prohibido o penalizado, como Hungría, Malta, Polonia y Croacia.
Para ello han propuesto crear un fondo solidario específico. La iniciativa llegó a la Comisión en abril de 2025 y el ejecutivo comunitario acaba de rechazarla. El motivo es que, para Bruselas ya existen instrumentos jurídicos, como el presupuesto comunitario, para impulsar instrumentos similares a los solicitados por esta iniciativa ciudadana.
El Ejecutivo explica que “los Estados miembros pueden, si lo desean, utilizar el FSE+ para mejorar la igualdad de acceso a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluidos los servicios de aborto seguro”.
