Los investigadores de la Guardia Civil del accidente ferroviario de Adamuz comunicaron a la jueza de instrucción que el personal de Adif retiró fragmentos de vía del lugar del siniestro antes de que concluyera la inspección judicial y sin haber solicitado ni comunicado previamente esa actuación a la autoridad judicial, según un informe que adelantó el diario El Mundo.
El accidente, que tuvo lugar el 18 de enero, dejó 45 fallecidos. Desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro dirige una investigación penal para esclarecer las causas del siniestro, en paralelo a los trabajos técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Según la Guardia Civil, en la madrugada del 22 al 23 de enero, cinco días después el accidente, personal de Adif recibió una orden verbal de un responsable de área para recoger varios “cupones de raíl”, que son fragmentos de vía que incluían soldaduras potencialmente relevantes para determinar el origen del descarrilamiento o la colisión. Estos fragmentos fueron trasladados a la base de mantenimiento de alta velocidad en Hornachuelos, también en Córdoba, donde, según la declaración de un responsable de la instalación ante los agentes, se les practicaron pruebas de dureza que fueron calificadas como no destructivas.
El 30 de enero la unidad de la Guardia Civil se trasladó a la zona en la que ocurrió el accidente para realizar nuevas mediciones y fueron informados “de que los cupones con las soldaduras se habían trasladado hasta la base de Adif”. Por ello, el 2 de febrero, enviaron un correo electrónico a Adif en el que advertían de que “no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa”. Al día siguiente, agentes de la Guardia Civil se dirigieron a la Base de Hornachuelos, donde solicitaron “el traslado del cupón de raíl desde la zona de la obra a la Base de Hornachuelos, correspondiente al número 8, que así mismo quedó precintado”.
En el escrito, la Guardia Civil destaca que hasta el día 28 de enero no se comunicó a Adif que “disponía de autorización para acceder a la zona del accidente” y lo acompañan del texto que les fue enviado en ese momento: “No existe inconveniente para que se inicien las labores de reconstrucción y restablecimiento del servicio ferroviario, accediendo con maquinaria pesada o la que ustedes consideren oportuna, a la zona del accidente”.
Añaden que “a la vista de lo expuesto, el instructor considera que personal de Adif realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo”.
La jueza instructora, Cristina Pastor, dictó el 10 de febrero una providencia en la que reprende la actuación y ordena a Adif abstenerse de efectuar nuevas “extracciones o pruebas sobre material relacionado con la causa sin autorización judicial previa”.
Adif da su versión
Adif ha elaborado un informe en respuesta al oficio de la Guardia Civil y sostiene que la retirada se acometió una vez que el trabajo de la policía judicial había terminado porque los restos se habían quedado a la intemperie sin que pesara ninguna medida cautelar sobre ellos. Argumenta que “tras el rescate de los dos últimos fallecidos, se retiró del lugar del accidente tanto el personal investigador de la CIAF como el de la Guardia Civil, después de haber recogido todo el material probatorio que consideraron pertinente, y sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, quedando los cupones expuestos al deterioro”.
Fue por esa razón por lo que se procedió a su “traslado a la base, sin que hayan sido manipulados o alterados”.
