La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA y de su expresidente, Francisco González, por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos, supuestamente ilegales, entre los años 2004 y 2016, rechazando así todos los recursos presentados.
La sala de lo Penal confirma así la decisión del juez Manuel García Castellón, que propuso juzgar por cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos a BBVA, a su expresidente y a otras 12 personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales. En línea con la Fiscalía Anticorrupción, la Sala procesa también al banco y avala el argumento del instructor, que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado por la entidad de estos hechos.
En relación con el sistema establecido por el BBVA de prevención y control de para prevenir delitos, los jueces afirman que era eficaz dejar al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección, que indiciariamente cometieron “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA investigados, remitiéndonos, al compartirlos, a los razonamientos del auto recurrido”.
Según la Sala, “no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes eran obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.
Añade que todos los indicios en este sentido hacen que se tenga que valorar en conjunto en la fase de plenario, sin que corresponda a la Sala en este momento procesal establecer “como deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito, debiendo el análisis centrarse en la indiciaria constatación de que los que había no eran eficaces por las razones expuestas -aunque no las comparta la apelante -que la alta dirección estaba excluida del control”.
Contra Francisco González
En relación con Francisco González, la sala destaca que algunos de los contratados con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores” y “no es razonable” concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt.
La conclusión de los jueces es que no es irrazonable considerar la participación de Francisco González en los delitos de cohecho y revelación de secretos provisoriamente imputados y, en definitiva, de que sabía que la información de Cenyt había obtenido en cumplimiento de los contratos referidos “fuera sin respetar la legalidad”.
Todo ello, añaden, sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a íntimo y personal y a fuentes cerradas, con injerencia en los derechos fundamentales de las personas investigadas, y sin autorización judicial, sin perjuicio de lo cual ordenó seguir contratando los servicios de Villarejo. Para la Sala, “estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos como se señala en el auto recurrido, que impide el sobreseimiento de las actuaciones interesado, todo lo cual nos lleva a la desestimación del recurso en este punto”.
Fue en el mes de junio de 2024 cuando el entonces instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por delitos de revelación de descubrimiento y revelación de secretos. El magistrado, en un auto de 268 páginas, puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del ‘caso Villarejo’. Según García Castellón, el inicio surgió con la contratación por parte del BBVA del que fuese comisario de Policía, Julio Corrochano, en septiembre de 2002.
