Lo que apuntaba a ser un juicio histórico por conseguir un enfoque nuevo en la lucha contra el narcotráfico en España ha caído en un pozo judicial. Durante esta semana se celebraba en Vigo la vista con 11 personas acusadas de fabricar narcolanchas para su uso en el negocio de la droga. Sin embargo, una serie de inconvenientes fueron apareciendo y provocando hasta tres suspensiones seguidas. Ahora podría retrasarse el juicio durante meses.
La última cancelación se produjo este jueves, tal y como confirmaron fuentes judiciales a los medios de comunicación. El juez del caso decidió retrasarlo por tercera vez debido a que uno de los acusados no podía acudir por enfermedad. En la prensa se señala que tenía que comparecer de forma telemática, pero su incapacidad y falta de conexión wifi lo impidieron.
Entre dos y nueve años de cárcel
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que tiene su sede en Vigo, iniciaba este lunes el juicio contra los 11 acusados de construir y vender embarcaciones rápidas destinadas al tráfico de drogas desde Vigo y el norte de Portugal. Los procesados se enfrentan a penas de entre dos años y nueve años de prisión por su presunta implicación en estos hechos.
El juicio no pudo celebrarse por la baja médica de uno de los 11 procesados, que, según varios medios, padece ciática y permanece inmovilizado en su domicilio de Barcelona. El acusado sí había acudido, de forma presencial, a la sesión de cuestiones previas a principios de mes, cuando se fijó el inicio del juicio para el pasado lunes. Sin embargo, la vista se ha ido posponiendo por diferentes motivos, como el ya mencionado, o la ausencia de un abogado enfermo.
Una organización
El Ministerio Público considera que los 11 procesados y la firma de transportes integraban una organización con recursos y estructura propia, dedicada a la fabricación de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad entre septiembre de 2020 y junio de 2022. Según la acusación, estas lanchas prohibidas tenían como destino final operaciones de tráfico de drogas en la zona y el norte de Portugal.
La fiscalía imputa a estas 11 personas delitos de contrabando de embarcaciones prohibidas, vinculando la actividad a personas físicas, jurídicas y organizaciones. Uno de los acusados también se enfrenta a cargos por tenencia ilícita de armas y por delito contra la salud pública tras hallar cerca de 300 gramos de hachís en su domicilio y una pistola detonadora en las oficinas de la empresa.
Durante la investigación se identificó la fabricación de al menos 19 narcolanchas, algunas involucradas en el traslado de hachís hacia la costa de Andalucía. La fiscalía, además de las penas de prisión, solicita multas superiores a los 80 millones de euros y diversas sanciones para la empresa.
Otra operación satisfactoria
Por otro lado, una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Guardia di Finanza de Italia ha permitido incautar casi 1.000 kilos de hachís y marihuana y desmantelar otra red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. El dispositivo, conocido como Operación Farfalla y articulado por Europol y Eurojust, culminó con la detención de 12 personas y el bloqueo de bienes por valor de un millón de euros.
La intervención se desarrolló en las ciudades de Barcelona y Catania, con la participación de 145 agentes que encontraron varias armas de fuego, dinero en efectivo y miles de plantas de cannabis. Según fuentes de la Policía Nacional, la colaboración internacional resultó determinante para impedir fugas o destrucción de pruebas.
Por el momento las investigaciones siguen abiertas para desarticular por completo esta red internacional y localizar a todos sus integrantes y colaboradores.
