El Gobierno de España, a través del Consejo de Ministros, dio luz verde este martes en primera vuelta a una ley anticorrupción, presentada por la vicepresidente primera María Jesús Montero. Con ella, por ejemplo, ni José Luis Ábalos ni Koldo García tendrían beneficios penitenciarios hasta abonar el dinero supuestamente robado.
Con la nueva normativa anticorrupción se prevé incluso modificar la Ley General Penitenciaria, que vincula los beneficios penitenciarios al cumplimiento de la responsabilidad civil y la responsabilidad económica que se derive de los delitos de corrupción. Así, alguien que haya cometido un delito fiscal no podrá obtener ni el tercer grado ni la libertad condicional hasta que no se reingrese “cada euro público”, aunque alegue razones de “insolvencia económica”.
Tal y como explicó Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, el tribunal valorará si la falta de pago obedece a una situación real de insolvencia o a la ocultación de bienes, pero previsiblemente esta condición será indiferente. En un encuentro con los medios de comunicación para ahonda en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, la subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez Milán, aseguró que el Gobierno ha culminado “la carga normativa” necesaria para convertir en ley la mayor parte de las medidas incluidas en el Plan de Lucha contra la corrupción.
Una redacción más ambiciosa
El plan del Gobierno contempla 15 medidas, de las que 12 se incorporan a este anteproyecto. En total, la nueva norma recoge 84 medias que implican la modificación de 18 leyes, seis de ellas de carácter orgánico. Como explicó la subsecretaria, la nueva norma “da respuesta a una preocupación de los ciudadanos” y constituye la reacción “más ambiciosa” de España frente a la corrupción.
El plan del Gobierno cubre todo el ciclo (prevención, detección, fortalecimiento y recuperación) con especial énfasis en la fase preventiva. El objetivo, según Sánchez Millán, es “la recuperación hasta el último euro, para que la corrupción no resulte rentable”. “Hay que garantizar que todo euro público se gestione con honestidad y eficacia al interés general. Para ello, reforzaremos los mecanismos de prevención, control y recuperación de fondos”.
Formación y sensibilización
En este sentido, se anunció que habrá formación obligatoria para altos cargos y empleados públicos y se realizará encuestas anuales sobre corrupción. Además, se impulsará una cultura de sensibilización a través de campañas institucionales y se pondrá el foco en las empresas corruptas, los partidos políticos y la contratación pública.
En cuanto a contratos, se buscará una “mayor transparencia, más control y más publicidad en la información contractual” en esta nueva ley anticorrupción. Se introducirán además herramientas de Inteligencia Artificial para detectar “patrones anómalos” y se hará público el registro de prohibiciones de contratar con la Administración. En concreto, se ampliará a 20 años el periodo de rehabilitación para contratar con la Administración, recibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.
Hay que destacar que las empresas corruptas tendrán también que pagar multas proporcionales al beneficio lícito que hayan obtenido. El objetivo, según declaró Olmedo, es aumentar la publicidad, limitar el encadenamiento de contratos y asegurar mayores requisitos de control, además de revisar el régimen de subcontratación para evitar que sea “excesiva”. Se quiere “poner a disposición el mayor número de herramientas para que las autoridades puedan acceder a registros y conocer con exactitud quién está detrás de cada entidad jurídica”.
La norma también prevé que los partidos políticos realicen auditorías externas sobre sus cuentas y refuercen los mecanismos de transparencia respecto a las donaciones privadas. Las formaciones tendrán que hacer pública la financiación privada a partir de los 2.500 euros frente al umbral actual de los 25.000 euros y se reforzará el régimen sancionador para castigar las infracciones de partidos y fundaciones al margen del Tribunal de Cuentas.
