La Comisión Europea lanzó un aviso al Gobierno español relacionado con la regularización extraordinaria de migrantes. Desde Bruselas, aunque se reconoce que es una competencia exclusiva del Ejecutivo de Pedro Sámchez, piden que su aplicación no tenga “consecuencias negativas” en el resto de país de la Unión Europea. Por ejemplo, que las personas que reciban un permiso de residencia no se instalen luego en otro Estado miembro.
Marcus Brunner, comisario de Interior e Inmigraciones, manifestó que “la migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea (…). Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembros y, al mismo tiempo, esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión”. Lo dijo en un debate dedicado a la regularización en España en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.
Además, Brunner defendió que un “permiso de residencia no es un cheque en blanco” para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea y ha advertido que existen “reglas claras” que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales. Como ejemplo, que si se detecta a beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro “debe regresar al país en donde se otorgó el permiso”.
El comisario declaró que eso es lo que se espera ahora “en relación a las medidas anunciadas por España y otras similares que pueda haber en otros Estados miembros” y dejó claro que la gestión migratoria debe responder a una “visión estratégica” del conjunto de la Unión, que garantice también una migración “segura, legal y, sobre todo, bajo control”.
«Eso es lo que esperamos ver ahora en relación a las medidas anunciadas por España y otras similares que pueda haber en otros Estados miembros», ha remachado el comisario responsable de migración, quien ha querido dejar claro que la gestión migratoria debe responder a una «visión estratégica» del conjunto de la Unión, que garantice también una migración «segura, legal y, sobre todo, bajo control».
La expulsión a “países seguros”
Brunner manifestó que la Comisión Europea quiere que la “solidaridad y responsabilidad sean los principios rectores” de la política migratoria de la UE, aunque destacó que se trabaja para acelerar los retornos de migrantes irregulares: “Esa es una de las piezas que aún nos falta ver, los retornos de las personas a las que no se les permite permanecer en la UE. Hoy solo uno de cada cinco migrantes irregulares realmente regresan y creo que es hora de cambiar esto y garantizar que, por regla general, los inmigrantes irregulares abandonen la Unión Europea. Eso también es bastante obvio y bastante claro, y esto es lo que esperaríamos ver ahora en relación también con las medidas de España más recientemente anunciadas como con todas las demás iniciativas similares de los Estados miembros”.
El martes, el Parlamento Europeo aprobó los cambios en la normativa de la UE que definen lo que es un “tercer país seguro” y dio luz verde a la creación de una primera lista europea de países de origen considerados como tales, entre los que se encuentran Colombia, Marruecos o Egipto.
Las nuevas normas, junto con la nueva legislación sobre retornos, facilitarán a los Estados miembros el envío de emigrantes a centros de extranjeros, una cuestión criticada por nuestro país y organizaciones humanitarias. Las dos piezas legislativas votadas en la sesión del martes, que ya habían sido acordadas por las instituciones europeas, deben ser aún adoptadas por el Consejo, un mero trámite que ocurrirá en las próximas fechas.
