El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas. El nuevo texto conlleva un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y pretende garantizar una mayor supervisión económica y asistencial en aquellos hospitales cuya gestión está en manos de empresas privadas. De acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, el objetivo es reforzar el carácter público del sistema sanitario y asegurar un uso más eficiente de los recursos.
La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud limitará la colaboración público-privada, con el fin de “poner coto al ánimo de lucro”. Este texto derogará la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitió el desarrollo de modelos como el de Alzira con Ribera Salud o el de Quirón en la Comunidad de Madrid.
Con esta nueva normativa, la colaboración público-privada pasará a tener un carácter estrictamente excepcional. Solo se autoriza este tipo de gestión en aquellos hospitales en los que no sea posible la prestación directa por parte del sistema público, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del servicio, además de cumplirse unos estándares muy estrictos.
Además, la normativa establece un procedimiento de evaluación previo y obligatorio para que las comunidades autónomas puedan recurrir a conciertos con entidades privadas. Las autonomías deberán elaborar un informe que justifique la necesidad de esa colaboración, que será analizado por un comité independiente. En este proceso, la norma establece como criterio preferente la concertación con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas con fines exclusivamente comerciales.
Tramitación parlamentaria
Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley se remitirá para su posterior tramitación como proyecto de ley. Tras su aprobación definitiva por el Gobierno se enviará al Congreso de Diputados, donde se abrirá el plazo de enmiendas y debe ser aprobado para su entrada en vigor en toda España.
Mónica García, ministra de Sanidad, declaró que “si los parlamentarios y los grupos parlamentarios consideran que nuestro Sistema Nacional de Salud es algo sagrado, que protege la salud de todos, pues entiendo que esta ley saldrá adelante, porque esta ley lo que pone coto es a la obscenidad, a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad”. Añadió que esta ley, “lo que hace y dice es que cada euro que está presupuestado y destinado a la salud tiene que ir presupuestado y destinado a la salud, no para engrasar las cajas de empresas que por cierto muchas de ellas no son españolas, sino que encima son fondos buitre europeos”.
García calificó la aprobación del anteproyecto como “un triunfo de la sociedad civil” ya que responde “a las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años” y estas pasan por “proteger y blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”. Y es que para la ministra, todo responde a un lema, “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.
Recuerda García que no se trata de “casos aislados, sino de un problema estructural” y que en los últimos años se han vivido “casos obscenos” que hablaban de “inflar las listas de espera para tener mayor rentabilidad o cómo daban citas a las cuatro de la mañana para hacer pruebas diagnósticas y hacer caja con las listas de espera. Hemos visto reutilizar material para así pode reducir costes poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria”.
Entre esos casos, destacó el de “alguna empresa privada, con vínculos conocidos con el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha multiplicado por seis el número de pacientes que capta de la sanidad pública y ha multiplicado por seis también sus ingresos…”.
