Un juzgado ha imputado por primera vez a dos ex directores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru y ha citado también como investigada a la ex directora del CNI (Centro Nacional de Investigación), Paz Esteban, que acumula ya cinco imputaciones.
Azon dirigió la Guardia Civil entre 2018 y 2020 y posteriormente Gámez lo cogió su relevo hasta 2023, siendo la primera mujer en convertirse en directora de la Guardia Civil. Esteban, por su parte, dirigió el CNI entre febrero de 2020 y mayo de 2022, cuando fue destituida por el Gobierno, precisamente al saltar el escándalo de Pegasus. Se conoció que desde el CNI se utilizó este software para espiar al movimiento independentista catalán y ante el malestar de los socios de Pedro Sánchez.
La magistrada, Julia Tortosa García-Vaso cita asimismo en el auto a directivos israelíes de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Letd (Candiru).
Entre los denunciantes, un senador de Junts
En el auto, según se ha conocido por RTVE, la titular del juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha acordado imputarles, a raíz de una querella presentada por cinco afectados entre los que se encuentra el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala, a través de la asociación Sentinel Alliance. Todos los afectados tienen un perfil profesional común: empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana.
En su denuncia, estos cinco empresarios sostiene que el espionaje fue dirigido contra ellos entre 2019 y 2021 con un total de 78 ataques, incluidos a sus entornos familiares, por su actividad profesional bajo el argumento de que el uso potencial de esas herramientas por terceros constituía una amenaza para la “seguridad nacional”. Denuncian que el software espía fue capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, además de activar de forma remota el micrófono y la cámara. Entre las personas de su entorno directo que fueron presuntamente espiadas se encuentra Elies Campo, asesor de los querellantes.
Además, denuncian que las identidades e información confidencial de sus proyectos empresariales “extraídas con software espía” fueron filtradas ilegalmente a medios de comunicación, lo que consideran “un intento deliberado de perjudicar comercialmente a sus empresas tecnológicas y su reputación”.
Por otra parte, la denuncia destaca que ninguno de los querellante nunca había sido investigado en ningún procedimiento legal y, por tanto, en ningún momento tuvieron posibilidad de defenderse. Las investigaciones que les afectaban fueron archivadas sin cargos.
Por otra parte, la denuncia destaca que ninguno de los querellantes fue nunca investigado en ningún procedimiento penal, y por tanto en ningún momento tuvieron posibilidad de defenderse. Las investigaciones que les afectaban fueron archivadas sin cargos.
El caso de Elies Campo
Elies Campo, entonces responsable de crecimiento, desarrollo de negocio y alianzas de Telegram Messenger (anteriormente miembro de WhatsApp), era asesor en los proyectos tecnológicos de los querellantes cuando se produjo el supuesto espionaje. Después fue coautor del informe de Citizen Lab que destapó el CatalanGate.
La denuncia dice que fue atacado con Candiru. El 5 de diciembre de 2019, antes de viajar desde Silicon Valley a Cataluña por las fiestas de Navidad, recibió un correo electrónico malicioso diseñado para infectar sus dispositivos con Candiru. Según este relato, agentes de paisano de la Guardia Civil lo esperaban en la zona de llegadas del aeropuerto de Barcelona el 17 de diciembre de 2019, sabían el vuelo y hora y lo fotografiaron. Vigilaron sus movimientos durante toda su estancia e ‘infectaron’ el móvil de su madre y hermana.
En septiembre, la juez admitió a trámite la querella de los cinco afectados, que podían constituir delitos de descubrimiento de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.
