El Gobierno de España ha fijado una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios que tuvieron lugar en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas. En global, supondrán 20 millones de euros y se abonarán en un plazo máximo de tres meses, tal y como anunció en una comparecencia ante los medios de comunicación Óscar Puente, ministro de Transportes.
Puente avanzó que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes. De los 20 millones, la mitad estará dirigida a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. Puente explicó que en el caso de un fallecido, la cuantía que recibirán sus familiares “en una plazo máximo de tres meses” será de algo más de 210.000 euros, de los que 72.000 euros corresponderá a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad y otros 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.
En cuanto a aquellos casos de lesiones corporales, las ayudas se diferencian según el baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor gravedad hasta los 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad.
Puente especificó que las cantidades serán abonadas en un único pago y que estará exentas de tributación. Según declaró, este real decreto es un “compromiso con las 46 personas fallecidas, las 164 heridas, con sus familias y con el conjunto de la ciudadanía”.
Sorpresa antes las declaraciones del presidente de la CIAF
Puente ha compartido ante los periodistas un día después de hacerse público la principal hipótesis con la que trabaja la Comisión de Investigación de Acciones Ferroviarios (CIAF), que es que el desencadenante de la tragedia ferroviaria de Adamuz fue la rotura de una de una soldadura que unía dos carriles. El ministro mostró su “sorpresa” por las declaraciones del presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, quién aseguró que pedirán explicaciones sobre las razones por las que se renovaron parcialmente las vías de la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad.
Desde que tuvo lugar el accidente, Puente defendió en repetidas ocasiones que la vía colapsada había pasado todas las revisiones pertinentes, incluso por encima de las recomendadas. El ministro ha mantenido que la línea de alta velocidad entre la capital española y Sevilla ha sido objeto de una renovación integral a lo largo de todo su recorrido, aunque después precisó que esa actuación no implicó la sustitución de todos y cada uno de sus componentes. Lo que se hizo fue una revisión completa de la infraestructura, en la que se reemplazaron únicamente aquellos elementos que, desde el punto de vista técnico, se consideró necesario renovar. Por tanto, todavía existen tramos que corresponden a la vía original, al estimar los estudios realizados de que su sustitución no era imprescindible.
El lunes, Barrón contradecía las palabras del ministro y dijo que la comisión preguntará a Adif por qué se renovó la línea Madrid-Sevilla “en unos tramos sí y en otro no” ya que “todos creíamos que se había hecho una renovación integral”. Puente declaró que no iba a entrar “en ningún tipo de debate público con el presidente de la CIAF sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar”. Añadió que “en cualquier caso, sobre la renovación integral de la línea Madrid-Sevilla no es que lo diga yo, es que lo dice el portal de contratación del propio Adif (…) Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido o el alcance de la renovación a mí sí que me produce sorpresa, porque esa información está disponible públicamente, y más para los expertos ferroviarios”.
