El aumento de casos de acoso escolar en España ya tiene una respuesta por parte del Gobierno. Desde el Ejecutivo se busca una nueva empresa que gestione el teléfono que atiende estos casos y “los malos tratos en los centros docentes del sistema educativo español”. Se trata del número 900 018 018, que se puso en marcha a finales de 2016 y que en la actualidad también cuenta con un chat y formulario web en tiempo real, disponible para personas con discapacidad auditiva y del habla. El proceso de licitación se inició a finales del pasado diciembre y con carácter urgente porque “es preciso garantizar la continuidad del servicio ante un incremento de casos de acoso escolar detectados por el Ministerio para responder a la obligación institucional de asegurar canales de atención y protección inmediata a menores”, aseguran desde el Ministerio de Educación.
Un contrato por un año
Se trata de un servicio gratuito, confidencial y anónimo que está operativo las 24 horas durante los 365 días del año y está atendido por psicólogos, apoyados por trabajadores sociales y abogados. Se dirige a niños, adolescentes, padres, familia y conjunto de profesionales que forman parte de la comunidad educativa, así como cualquier persona que conozca una situación de acaso escolar o malos tratos, tanto dentro como fuera del aula.
A pesar de ser de carácter urgente, desde el ministerio se tuvo que posponer hasta el próximo 21 de enero la apertura de los sobres con la ofertas que se han presentado. Se trata de un contrato por un año, prorrogable otro más, por el que Educación está dispuesto a abonar 890.000 euros. En la actualidad el servicio lo está prestando, desde enero de 2022, la Fundación Maria Anar, una fundación sin ánimo de lucro.
La prestación de este servicio requiere “requiere personal especializado, disponibilidad continua, infraestructura tecnológica específica y mecanismos de registro y derivación que no pueden ser asumidos con los medios propios del ministerio”, destacan desde Educación. Además, el aumento de consultas y comunicaciones relacionadas con problemas de convivencia y acoso escolar, así como la necesidad de reforzar los canales seguros para la atención de menores, exige contar con un servicio profesionalizado que pueda garantizar una respuesta inmediata, coordinación con los protocolos del Ministerio y atención especializada. Por tanto, la contratación es clave “para garantizar la eficacia, continuidad y calidad del servicio”.
La exigencia del ministerio en la atención de llamadas
Desde Educación se exige que todas las llamadas o chats que se realicen sean “atendidas en exclusiva por personal que esté en posesión de una licenciatura o grado universitario en el ámbito de la Psicología”. A esto, añade que el mínimo equipo humano que se pide es el formado por un coordinador, seis psicólogos, un educador social y un abogado.
El servicio dado deberá, según el Gobierno, disponer de un “sistema de devolución de llamada/chat/formulario web” de modo que siempre que sea rechazada por saturación “se ofrezca la posibilidad de registrar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico indicada por el ciudadano a través del cual será contactado en cuanto haya disponibilidad y sin mayor dilación por personal del servicio, debiéndose reforzar el servicio para que la demora no supere los 30 minutos en ningún caso”.
Un 12,3% sufre acoso escolar
El último informe presentado por la Fundación Anar, en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña, que se conoció el pasado mes de septiembre, señaló que el 12,3% de los alumnos (de una muestra de 8.781 menores y 355 profesores) afirmaba que él o uno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar.








