El Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto con el objetivo de sacar adelante un nuevo reglamento de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica con medidas que regulan las prácticas abusivas en la contratación de la electricidad. Entre ellas hay una que prohíbe a estas compañías, de forma general, realizar llamadas spam a los hogares para hacer publicidad o contratar servicios, siempre y cuando los consumidores no hayan pedido de forma expresa recibir estas comunicaciones.
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera el Gobierno de Pedro Sánchezz y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, explicó que con este Real Decreto también se busca finalizar con la contratación “en caliente” y que, antes de que se produzca la firma de un nuevo contrato, las compañías deberán enviar al cliente la documentación con un lenguaje “simple y accesible” que permita comprender su contenido.
De acuerdo a las medidas acordadas en este Real Decreto, las llamadas serán grabadas y estarán a disposición de los usuarios. Además, como dijo la ministra, también se pretende eliminar las barreras para cambiar de contrato, como son las penalizaciones y permanencias abusivas. Dichas penalizaciones, declaró Aagesen, quedarán “muy acotadas” a algunos supuesto y tendrán “limites”.
Sanciones millonarias
Si las compañías eléctricas no cumplen con lo aprobado este martes podrán ser sancionadas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 24/2013, del sector eléctrico, con multas que van desde los 600.000 a los 6 millones de euros. El organismo competente de aplicar estas sanciones será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En general, Aagesen indicó que el nuevo reglamento al que se dio luz tiene tres objetivos: reforzar la protección de los clientes, avanzar en la democratización de la energía y seguir apostando por la transición energética del país: “Queremos reequilibrar la balanza entre los consumidores y las comercializadoras eléctricas sin barreras, sin prácticas comerciales abusivas y sin la promoción de ofertas poco ventajosas y poco transparentes para los consumidores”.
Protección para los hogares que reciben el bono social térmico
Dentro del nuevo reglamento aprobado hay otra medida que está destinada a los consumidores más vulnerables. Concretamente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán declarar esenciales los suministros de los hogares beneficiarios del bono social eléctrico para evitar que se les corte la luz en caso de impago. Además, se prohíbe cortar el suministro a consumidores electrodependientes.
Si un consumidor con bono social quiere cambiarse al mercado libre, el nuevo comercializador tiene que presentarse la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará después del cambio, como a cualquier consumidor, y deberá obtener su consentimiento expreso e informar cada mes a la CNMC.
Por otro lado, también se revisa la facturación después de haberse producido errores de lectura. Si es a favor del cliente, la empresa deberá devolver las cantidades indebidamente facturada en el siguiente recibo, aplicando los intereses correspondientes más un 1,5%. Si es a favor de la comercializadora, el importe se prorrateará en tantos meses como los transcurridos desde el error, con un máximo de un año.
Con este cambio en la norma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que hay tres niveles de protección para los consumidores frente a las llamadas spam no deseadas. En primer lugar, se fija el derecho de los usuarios a no recibir llamadas; después, se establece un prefijo específico para este tipo de comunicaciones; tercero, el nuevo decreto aprobado este martes para prohibir de forma general las llamadas comerciales para comercializar energía sin que haya habido petición expresa de los usuarios para recibirlas.
