El Servicio Vasco de Salud ha iniciado la revisión de cerca de 170.000 vacunas que fueron administradas durante el pasado 2025 con el objetivo de descartar nuevas incidencias relacionadas con la caducidad de los preparados. En este recuento se incluyen todas las vacunas puestas el pasado año, con la excepción de las correspondientes a la Covid-19 y la gripe, que han quedado fuera del análisis al existir, según dicho organismo, la certeza de que no estaban caducadas.
Fuentes del Servicio Vasco de Salud confirmaron a la Agencia EFE esta información y explicaron que la revisión se enmarca en la investigación interna abierta tras detectarse la administración de vacunas caducadas o muy próximas a su fecha límite de validez. El objetivo es determinar si existen más casos que puedan sumarse a los ya identificados en relación con las vacunas hexavalente, triple vírica y tetravalente, y depurar con precisión el alcance real del problema.
La decisión de revisar de forma sistemática decenas de miles de dosis da cuenta del esfuerzo desplegado por el Servicio de Salud Vasco para aclarar una situación que, desde que salió a la luz, ha obligado a corregir en varias ocasiones los datos iniciales y ha generado un intenso debate sanitario, político e institucional en el País Vasco.
Se reduce la incidencia
Cuando se informó por primera vez de la incidencia, del Servicio de Salud Vasco señaló que 253 personas habían recibido vacunas con la fecha de caducidad vencida. Posteriormente, ese número se redujo a 103 tras la recepción de un informe de la Agencia Española del Medicamento, que introdujo un matiz clave: aunque en el etiquetado del lote figuraba como fecha de caducidad el 31 de octubre, la validez efectiva del preparado se extendía durante un mes más, hasta finales de noviembre.
A partir de ese criterio técnico, el área de salud concluyó que todas las personas vacunadas con ese lote durante el mes de noviembre no necesitaban volver a recibir la dosis, ya que la misma se consideraba plenamente válida. Esta interpretación permitió acotar de forma significativa el grupo de afectados potenciales.
La investigación interna que se llevó a cabo avanzó y aportó nuevas precisiones. Se detectó que algunos de los 103 casos que seguían bajo sospecha no correspondían en realidad a la administración de vacunas caducadas. Se trataba, según las explicaciones ofrecidas, de personas que habían recibido segunda dosis o dosis de refuerzo correctas, pero cuyos historiales médicos reflejaban de forma errónea la fecha de caducidad de la primera dosis por un fallo en el registro informático.
Una vez que se descartaron también estos supuestos, el número de pacientes que efectivamente recibieron una vacuna caducada se ha reducido a cerca de 30 y todos ellos se encuentran en estos momentos en proceso de revacunación.
Dos organizaciones sanitarias
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, declaró en la ETB que tras la investigación se desprende que la mayoría de los casos se concentran en dos organizaciones sanitarias integradas (OSI), una de ellas correspondiente a la zona de San Sebastián. El dirigente no precisó el nombre de la segunda demarcación, aunque dijo que el análisis territorial continua.
Sobre las responsabilidades derivadas de la administración de vacunas caducadas, el consejero de Salud afirmó que, si se determina que el origen del problema responde a “un fallo de una persona que no ha hecho bien su trabajo como debería hacerlo”, esa persona “tendrá que asumir su responsabilidad”. También destacó su propia responsabilidad como máximo responsable político del área de Salud y aseguró que su obligación es la de “garantizar que esas cuestiones, en la medida de lo posible, no se produzcan”.
