La colaboración entre la Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social ha permitido la detención de 16 personas en la provincia de Cádiz, a las que se considera presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Además, han sido investigadas otras cuatro personas, todo ello en una operación que ha generado un grave perjuicio económico de 500.000 euros al ente público.
La investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento, en el marco de la lucha contra el fraude, de la existencia de empresas ficticias en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera. Estas, presuntamente, estaban vinculadas a las altas fraudulentas de personas. Después de ser analizada numerosa información, las autoridades que llevaba a cabo la investigación pudieron constatar la inexistencia real de actividad empresarial, además del presunto acceso, de forma indebida, a prestaciones, subsidios y otros beneficios del sistema de la Seguridad Social.
Desde la Policía Nacional y la Seguridad Social se pudo acreditar la existencia de un entramado ideado y dirigido por los responsables mediante empresas carentes de actividad que realizaban una ocultación deliberada de ingresos, ausencia de pagos voluntarios, impago reiterado de cuotas y utilización de altas fraudulentas. Todo esto se realizaba con el fin de obtener prestaciones, realizar una regularización administrativa de extranjeros y generar un perjuicio económico a organismos públicos.
Cerca de 30 trabajadores
Con la ilícita actividad se ha podido constar que hasta 25 trabajadores, todos ellos ficticios, habían sido receptores de prestaciones en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por un importe total, entre los 25, de 140.218 euros. De la misma manera, a partir de la relación laboral ficticia, varias personas percibieron prestaciones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por “nacimiento y cuidado de mejor” por importe de 5.825 euros.
A todo esto, hay que añadir que tres personas percibieron prestación por una Incapacidad Temporal (IT) por pago directo de una Mutualidad por importe de 15.876 euros y uno de los trabajadores ficticios utilizó el alta de la empresa para renovar su documentación de extranjero en España. Así, de esta forma, consiguió regularizar su situación en nuestro país.
En Sevilla, seis millones de euros
Con el arranque de 2026, 22 personas fueron detenidas y otras 16 investigadas, como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución. Si en Cádiz se destapó un fraude de medio millón de euros, en la provincia de Sevilla se alcanzaron los seis millones de euros.
La investigación se puso en marcha en el mes de junio de 2025, cuando los agentes detectaron la existencia de varios entramados empresariales en la provincia de Sevilla que, presuntamente, se dedicaba al fraude en las cotizaciones sociales y a la frustración de la acción recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Durante varios meses, los agentes de la Policía Nacional fueron realizando análisis financieros, fiscales, laborales y societarios de más de 60 sociedades y 50 personas físicas, logrando identificar patrones delictivos comunes como el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social, la creación de empresas pantalla de forma sucesiva, el trasvase de trabajadores o clientes entre diferentes sociedades, la ocultación patrimonial mediante familiares/testaferros o la ausencia de presentación de cuentas y operaciones de facturación cruzada entre empresas vinculadas.
Meses después, tras ser analizada toda la información que se recabó, los agentes realizaron ocho explotaciones operativas que permitieron acreditar un perjuicio a la Seguridad Social superior a los 6.000.000 de euros. La red empresaria desmantelada estaba compuesta por 60 sociedades dedicadas a diferentes sectores, sobre todo hostelería y construcción.
