El Gobierno de España trasladó este miércoles a los sindicatos de funcionarios que prefiere esperar a que esté aprobados los Presupuestos Generales del Estado para implantar la reducción de jornadas a 35 horas en la Administración. Así lo trasladaron UGT y Comisiones Obreras tras reunirse con el Ministerio de Función Pública para seguir desarrollando los aspectos pendientes del acuerdo salarial firmado en 2022. En una nota conjunta publicada el pasado miércoles, los sindicatos exigían garantías al Gobierno de que la reducción de la jornada llegará el próximo es de febrero principios de marzo, como muy tarde. Un compromiso que las organizaciones sindicales creían que ya estaba cerrado con el Ejecutivo cuando se reunieron por última vez el 17 de diciembre.
En el comunicado emitido se señala que “UGT y CCOO salen muy decepcionadas con la reunión en la que el Gobierno nos ha trasladado que lo idóneo para ellos es esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e implantar así la jornada de 35 horas con rango de ley, lo que retrasaría su implantación, por lo que hemos expresado nuestra discrepancia”.
Mientras, desde el CSIF, que no estuvo presente en la reunión al no ser firmante del acuerdo de 2022, se insistía en que Función Pública dio su palabra el pasado mes de diciembre de que la reducción de jornada llegaría antes de que concluya el primer trimestre de 2026: “Entendemos que el ministerio ha dado su palabra y no puede ser de otra manera”. Las mismas fuentes insisten en que el compromiso de bajar la jornada a 35 horas se viene acumulando desde 2018.
A pesar de que el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que está trabajando en los Presupuestos de 2026, todavía no ha presentado siquiera un borrador de cuentas públicas. En cualquier caso, el delicado equilibrio de fuerzas en el Congreso, en el que el Ejecutivo tiene cada vez más difícil sacar adelante cualquier iniciativa, hace complicado pensar que habrá nuevas cuentas públicas en el corto plazo, si es que llega a haberlas.
Recuperar la jubilación parcial
Además de lo relacionado con la jornada de 35 horas, desde UGT y Comisiones Obreras reclaman al Gobierno que se recupere ya la jubilación parcial para los empleados públicos, una decisión que estaba comprometida para 2025 y que quedó suspendida el pasado 1 de abril. Los sindicatos señalan que “se trata de un asunto prioritario para ambas organizaciones y vital para poder continuar en la buena línea de negociación que se ha abierto con el nuevo equipo de Función Pública”.
También amenazaron desde las organizaciones sindicales con emprender “las acciones que consideremos oportunas” para que se aprueben cuanto antes estas medias si en la próxima reunión, que se llevará a cabo este 28 de enero, no se producen avances tangibles.
250.000 beneficiados
Si se concretase finalmente la reducción de la jornada de trabajo, unos 250.000 empleados púbicos de la Administración del Estado se beneficiarían de la medida. Según los sindicatos, desde Función Pública se comprometieron a aprobar el recorte horario para el sector público estatal entre los meses de febrero y marzo. Esta medida ya se había pactado en 2022 como parte del acuerdo para subir los salarios entre 2022 y 2024 un 9,5%, pero todavía no se había desarrollado.
La jornada de 35 horas es un de las reivindicaciones históricas de los funcionarios de la Administración Central, que en la actualidad tienen una semana laboral de 37,5 horas. Sin embargo, en otras ramas de la administración, como es la autonómica, la mayoría de los territorio ya cuentan con jornadas de 35 horas, algo que también sucede en casi todos los grandes ayuntamientos del país.
